El caso de Liz Vania y Marta Rivera expone las fallas del sistema judicial en la Amazonía boliviana
Entre
protocolos burocráticos, prejuicios sociales y un hermetismo judicial que
bloquea la verdad, el asesinato de Liz Vania Amutari y el destierro de
Marta Rivero desnudan la vulnerabilidad de las mujeres que mueven la
economía de Cobija sobre dos ruedas.
A más de un año de los ataques que conmocionaron al gremio de mototaxistas en Cobija, el proceso judicial languidece en una detención preventiva sin sentencia en Chonchocoro, mientras el Tribunal Departamental de Justicia blinda el acceso a la información. Las mujeres del sector no solo enfrentan el peligro de las rutas, sino una estructura estatal llena de grietas donde los protocolos de búsqueda llegan tarde, las investigaciones ignoran la realidad amazónica y el prejuicio social intenta, una vez más, culpar a la víctima.
Cobija, 19
de abril del 2026: El
asesinato de Liz Vania Amutari Chao, no solo dejó un vacío en su hogar,
sino que se truncó una carrera que apenas empezaba a rodar. Se afilió a la
Asociación de Mototaxi "Dr. Vaca Diez" en junio del 2024 y en poco
tiempo ya se destacó con energía. Su presidente, Friz Quiroga Velazco,
la recuerda no solo como una conductora sino como un líder en potencia
"apoyaba en la organización de campeonatos de fútsal, le gustaba el
deporte, y trabajaba a la par de nosotros". Un 24 de octubre del 2024 se
detuvo su vida de forma violenta, Liz Vania no llegó a cumplir ni siguiera seis
meses dentro del gremio.
Exactamente a
los 30 días de desaparición, la violencia volvió a golpear al gremio,
confirmando los peores temores de las afiliadas. Martha Rivera Oviedo,
se convirtió en la segunda víctima de un ataque brutal, fue apuñalada en
múltiples ocasiones y abandonada inconsciente. Tras permanecer tres días en el
Hospital Roberto Galindo Terán. Para ese momento las autoridades no lograron ni
un aprendido sobre el caso de Liz Vania.
"ES
PELIGROSO, PERO ME AYUDÓ A MANTENER A MI FAMILIA"
Mientras Liz
Vania se convirtió en una estadística fría de los violentos asesinatos en la
Amazonía, otras mujeres en Cobija encienden sus motores por pura necesidad, una
de ellas es Esther Durí Apire, tiene 50 años y su jornada sobre dos
ruedas no era una elección sino un acto de necesidad, como madre soltera,
Esther encontró en el manubrio la única forma de sacar adelante a sus cuatro
hijos, empezó en el oficio hace 15 años; hoy, ya abuela de 4 nietas, dos de
ellas gemelas, sigue recorriendo las rutas de Pando.
"Este
oficio me permitió ser independiente", explica Esther con la firmeza de
quién ha domado el asfalto por más de una década. Sin embargo, no oculta la
cara amarga de su realidad "es peligroso, pero me ayudó a mantener a mi
familia"
La
vulnerabilidad de las mujeres en el gremio no es una novedad para Aida
Aguilera. La hoy concejal del Municipio de Cobija, es la primera mujer en
ocupar este cargo en representación directa por el sector de mototaxis, tras su
posesión en noviembre del 2024. Conoce el peso del casco desde los 13 años,
cuando empezó como mototaxista. Su historia también está marcada por la
violencia: en 2015 mientras cumplía su turno, fue víctima de un ataque con arma
de fuego, casi le arrebatan la vida. "Subió en el Parque Piñata, aún
Cobija era chica, le quité el arma y se la entregué a la policía" cuenta
la concejala, recordó con firmeza quién ha burlado la muerte.
LUCHA ENTRE EL PREJUICIO EXTERNO Y LA REALIDAD DE UNA MADRE QUE VIVÍA PARA LOS SUYOS
La búsqueda de
justicia para Liz Vania no solo se enfrentó a la inercia institucional, sino
también a una narrativa social que buscaba culpabilizar a la víctima. Ruth
Araúz Cayami, del Foro Ciudadano de la Mujer (FOCIDEM), denuncia que
mientras los días pasaban, la investigación se contaminaba con juicios de valor
que mellaban la dignidad de Liz Vania: "Se instaló la corriente de que
ella había abandonado a su marido, a sus hijos y a su familia por voluntad
propia", explica Araúz, señalando que este estigma suele ser la primera
barrera que frena la urgencia de las búsquedas en casos de mujeres
desaparecidas.
Incluso dentro
de su propio gremio, las dudas se filtraban como veneno. Friz Quiroga
recuerda versiones que aseguraban haber visto a Liz subiendo su motocicleta a
una flota de la empresa Yungueña para huir de la ciudad. Sin embargo, la lógica
del afecto desafiaba al rumor: "Nos preguntábamos, ¿quién dejaría así a
sus tres hijos?", relata Quiroga, exponiendo la lucha entre el prejuicio
externo y la realidad de una madre que vivía para los suyos.
Para la concejala Aida Aguilera, este escenario no es más que el reflejo de un machismo estructural que impera incluso en los espacios de trabajo. Aunque las mujeres son aceptadas en los sindicatos, Aguilera advierte que el respeto sigue siendo una deuda pendiente: "Dicen que somos una familia, pero si es así, también deben proteger a las mototaxistas". Su reclamo es una crítica directa a una camaradería que, a menudo, se detiene donde empieza el género, dejando a las conductoras solas frente al peligro y frente a la maledicencia.
LAS GRIETAS
DEL SISTEMA QUE SILENCIARON A LAS MOTOTAXISTAS EN PANDO
La delgada
búsqueda de justicia para Liz no solo tropezó con el dolor; se estrelló contra
una estructura llena de grietas. El primer obstáculo fue el protocolo de
recepción de denuncias. Juan Carol Hurtado, esposo de Liz Vania, relata
que en cuanto noto la ausencia de su esposa el 24 de octubre del 2024, acudió a
la policía por ayuda; se topó con el muro de la burocracia le dijeron que debía
esperar 48 horas. Al respecto, la Delegada Defensorial de Pando, Cinthya
Jordán, confirmó que tuvo que intervenir para guiar a Juan Carol, quién se
encontraba desorientado en un sistema que, bajo un rigor mal interpretado,
exige esperar dos días antes de actuar.
En un escenario
donde cada minuto cuenta, las contradicciones institucionales son evidentes. El
Cnel Mag. Carlos Antonio Pardo Gallardo, actual director de la Fuerza
del Lucha Contra el Crimen (FLCC), sostiene que los informes de la fecha indica
que, "de inmediato se realizó el afiche de búsqueda y se difundió en los
grupos WhatsApp", No obstante, queda un vacío crítico en su explicación;
el jefe policial no aclara si la denuncia ingreso formalmente al sistema
nacional de búsqueda desde el primer día, o si la respuesta se limitó a una
difusión informal por redes sociales.
Segunda grieta.
Para el Fiscal Especializado en el Delito Contra la Vida, José Quispe
Salinas, los tiempos procesales, se mantuvieron dentro de los márgenes del
código penal, asegura que lograr un sospechoso en 40 días es
"normal", dado que los plazos preliminares se extienden hasta los 60
días. Por su parte, en el informe policial justifica la demora señalando que
los tiempos se dilataron debido a requerimientos tecnológicos ante de
telefonía, un trámite que es un cuello de botella en las investigaciones.
Aunque la
delegada Defensorial coincide en los plazos "acorde al proceso" y son
legalmente válidos. El abogado activista, José Luis Vargas, cuestionó
con dureza, que de la desaparición de un cuerpo solo encontraron restos óseos:
"dejaron pasar mucho tiempo, prácticamente recogieron huesos en el
lugar". El caso de Liz Vania deja al descubierto una verdad incómoda:
dichos procesos ignoran una realidad amazónica que exige mayor celeridad. Lo
que para el sistema es un "plazo normal", para una víctima
desaparecida es una sentencia de muerte.
La
investigación identifica la tercera grieta técnica: la interpretación jurídica.
En Pando el debate sobre cuándo una desaparición deja de ser "trata de
personas" para ser investigado como "asesinato" o
"feminicidio", es una discusión pendiente que cuesta vidas. El Fiscal
Quispe Salinas justifica la decisión inicial de sus colegas de tipificar el
caso de Liz Vania como trata y tráfico bajo el argumento de que, en ese
momento, no se contaba con un cuerpo. Sin embargo, esta versión choca
frontalmente con la postura de la Delegada Defensorial, quien sostiene que todo
hecho que involucre a una mujer debe ser abordado bajo sospecha de feminicidio
"más allá de entender que puede ser una trata, nunca debemos dejar de lado
que sea un hecho violento contra la mujer", sentencia Jordán.
Por su parte,
el abogado activista, José Luis Vargas, añade una capa de complejidad al
análisis. Explica que, aunque el caso tenía tintes de feminicidio, el sistema
terminó inclinándose por la figura de asesinato, debido a que el móvil incluyó
el robo de la motocicleta —posteriormente vendida en Brasil— y del teléfono
celular. Fue precisamente el rastreo de este equipo, adquirido por una tercera
persona, lo que permitió dar con el sospechoso.
Esta falta de
claridad no es solo un tecnicismo; es la diferencia entre una investigación que
busca a una persona viva o una que simplemente procesa un cuerpo, una brecha,
entre códigos y artículos, es donde la esperanza de la familia de Liz terminó
por quebrarse.
VIVO
REFUNDIDA EN MI CASA, MUERTA DE MIEDO... Y EL SOLDADO NO ES EL CULPABLE
Mientras el
gremio gritaba por justicia en las calles, el horror se repetía con un guion
casi idéntico. José Luis Ruiz, presidente del Sindicato "La Amistad",
relata la noche en que la suerte de su afiliada, Martha Rivero, se quebró:
"Ella salió a comprar comida y en el trayecto recogió a su
victimario". El hombre la condujo bajo amenazas hasta el Barrio San Pedro,
el mismo lugar donde, semanas después, se encontrarían los restos óseos de Liz
Vania. Allí, Marta fue atacada brutalmente con un cuchillo; ella recibió
múltiples puñaladas, pero en un último acto de defensa, logró morder
profundamente el dedo de su agresor.
La versión
oficial no tardó en cerrar el círculo. El Cnel. Carlos Pardo informó
que, gracias a la georreferenciación del celular de Liz Vania, identificaron a
quien vendió su motocicleta. El rastro llevó a los investigadores hasta un
soldado del Batallón Riosinho. Al aprehenderlo, la policía encontró la
"prueba reina": una marca de mordedura en su dedo que, según ellos,
lo vinculaba directamente con el ataque a Marta. Caso cerrado para las
autoridades, pero no para la víctima.
"Marta
nunca estuvo de acuerdo con la hipótesis policial", asegura José Luis
Ruiz. Según el líder sindical, la descripción de Marta era tajante: su verdugo
era un hombre alto, blanco y de cabello claro; un perfil que no coincidía con
el del soldado detenido.
El miedo
terminó por silenciar a la testigo clave. Al buscar a Marta en su domicilio,
solo queda el rastro del abandono; sus vecinos confirman que huyó de Cobija
inmediatamente después del ataque. Sin embargo, en un registro de incógnito
obtenido de TVU Pando el 28 de noviembre de 2024, se escucha la voz de una
mujer rota por el sistema: "Ellos se alteraron conmigo porque en el
desfile de identificación no reconocí a ninguno de los tipos. Me dijeron que yo
estaba entorpeciendo la investigación", confesaba Marta, sintiéndose
intimidada por quienes debían protegerla.
"Vivo refundida en mi casa, muerta de miedo. Para venir a mis curaciones tengo que salir con dos o tres hermanas para poder caminar por la calle", decía Marta en su último testimonio público. Hoy, su silla en el sindicato está vacía y su casa en silencio. Mientras las autoridades celebran una aprehensión, el grito de Marta queda suspendido en el aire de la Amazonía: su verdadero agresor podría seguir suelto, y ella, la única que se atrevió a contradecir la versión oficial, ha sido empujada al destierro por un sistema que prefiere culpables rápidos antes que verdades incómodas.
CARAVANA QUE
RECORRIÓ LA CIUDAD EXIGIENDO RESULTADOS
La paciencia de
las calles se agotó. En un acto de unidad sin precedentes, el sector
mototaxista organizó una masiva caravana que recorrió la ciudad exigiendo
resultados. El rugido de los motores llegó hasta las puertas de la FELCC, la
Fiscalía Departamental y el Tribunal Departamental de Justicia. El grito era
uno solo: justicia para Liz y seguridad para Marta, una demanda que desnudaba
la vulnerabilidad de un gremio que es el motor económico de Pando, pero que el
sistema parecía haber dejado en el olvido.
"SEGURO
ELLA SE SENTÍA MUY SOLA"
Pero su lucha
no se quedó en la anécdota valiente. Aguilera impulsó la Ley Municipal 38/2025,
promulgada el 11 de agosto del 2025, que establece el 24 de octubre como Día de
la Mujer Mototaxista. La fecha no es casual, es el día en el que Liz Vania
desapareció. Al recordar el caso de Liz Vania, la concejal baja la voz:
"Seguro ella se sentía muy sola", reflexiona, subrayando que su labor
en el Concejo es precisamente lograr que ninguna otra mujer deba enfrentar esa
soledad frente a la violencia.
UN
SOSPECHOSO, HERMETISMO: LA JUSTICIA QUE
NO LLEGA
A más de un año
del feminicidio de Liz Vania y del destierro forzado de Marta, la justicia en
Pando parece haberse estancado en el mismo asfalto donde ocurrieron las
tragedias. El proceso se resume hoy en una detención preventiva en el penal de
Chonchocoro; un sospechoso tras las rejas, pero sin una sentencia que otorgue
verdadera paz. El sistema, lejos de transformarse, ha optado por el hermetismo.
Durante
semanas, este equipo de investigación solicitó acceso a los avances del caso,
pero la respuesta del Tribunal Departamental de Justicia de Pando fue un
portazo burocrático. A través de un comunicado oficial, la institución negó el
acceso al cuadernillo de investigación argumentando que "no corresponde
otorgar dicha información". Este secretismo institucional no solo bloquea
la labor periodística, sino que deja en la penumbra un proceso que debería ser
un ejemplo de transparencia ante la sociedad.
Mientras tanto,
Juan Carol, su esposo, hoy carga con la crianza de tres hijos y el peso de un
litigio por asesinato que parece no tener fin. Su mayor temor es que el
silencio del sistema se convierta en libertad para el acusado, ya que, hasta la
fecha, el juicio oral no ha sido instalado.
En Cobija, cuando el sol calienta las calles, el rugido de los motores no cesa. Las mujeres mototaxistas siguen rodando, esquivando baches y peligros, con el mismo casco que usaba Liz y el mismo miedo que exilió a Marta. La Ley 38/2025 está escrita en el papel, pero en las calles, la verdadera justicia sigue siendo un pasajero que nunca llega a su destino.
La caravana
de mototaxistas, momento de mayor resistencia del sector de mototaxis Foto:
RR.SS.
LEY MUNICIPAL 38/2025 DÍA DE LA MUJER MOTOTAXISTA 24 DE OCTUBRE
Carátula del
proceso ante el Tribunal de Sentencia No. 1 de Cobija, fechada el 7 de abril de
2026. El acusado enfrenta cargos de asesinato y receptación. A más de un año
del crimen, el juicio oral aún no ha sido instalado. | Foto: Gabriela Pérez
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